El Tribunal Constitucional sentenció que la venta de los bienes del Monasterio de Sigena (Huesca) a Cataluña fue legal. Sin embargo, el Gobierno de Aragón va a intentar anular el contrato de venta, amparándose en la doctrina de la Unesco sobre el Patrimonio Cultural.

Así lo han acordado las partes implicadas -Ejecutivo autonómico, Obispado de Barbastro-Monzón, Ayuntamiento de Villanueva de Sigena y sus respectivos abogados- durante una reunión presidida por la consejera de Educación, Cultura, Deporte y Universidad, Dolores Serrat.

Al término de la misma, Serrat ha manifestado que “no se tuvo en cuenta” durante la venta que los bienes-muebles estaban dentro de un edificio que estaba catalogado como monumento nacional. “La Unesco dice que no se pueden separar unas obras que forman parte de un conjunto patrimonial considerado monumento nacional”, ha recalcado.

Para llevar acabo dicha denuncia, desde el Gobierno de Aragón se van a trazar vías extrajudiciales y judiciales, principalmente por lo Contencioso-Administrativo o Mercantil. Todo, porque no existe posibilidad, según los letrados, de recurrir lo manifestado por el Constitucional, a pesar de los cuatro votos particulares de los magistrados.

La consejera de Cultura ha querido recalcar que se denunciaría siempre a la Generalitat de Cataluña y no a la orden monástica que vendió las obras artísticas religiosas porque “lo hicieron con buena fe y amparadas por el Vaticano”. Por ello, van a pedir al Ejecutivo que preside Artur Mas todas las facturas, inventarios y documentos necesarios que expliquen cómo fue dicha adquisición.

Serrat también ha manifestado que esta situación que ha generado el Tribunal Constitucional no va a evitar, sino todo lo contrario, tomar acciones e iniciativas que permitan inventariar, catalogar y tratar de recuperar el Patrimonio aragonés que está “indebidamente” fuera de la Comunidad Autónoma.

De esta forma acatan el Estatuto de Autonomía de Aragón que, en su artículo 22, ordena a los poderes públicos promover “la conservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de Aragón, su recuperación y enriquecimiento”.

La sentencia del Constitucional señaló, trece años y medio después de interponerse un recurso por parte de Aragón, que prevalecen los derechos de la Comunidad catalana, ya que a ésta le corresponde ejercer la competencia sobre bienes patrimoniales depositados en su territorio con independencia de su lugar de origen.

Los bienes habían sido depositados por la Orden de San Juan de Jerusalén, que ocupaba las dependencias del Monasterio de Sigena, en diversas instituciones museísticas catalanas a causa del deterioro y destrucción del Monasterio, especialmente después del incendio sufrido en 1936. En 1983 la Generalitat adquirió parte de esos bienes a la citada Orden religiosa, que en 1970 se había trasladado a Valldoreix (Barcelona), los cuales fueron depositados en el Museo Diocesano de Lérida; en 1992 se compraron otros bienes que habían sido previamente depositados en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y en el Centro de Restauración de la Generalitat catalana.