Juntos, pero sin saludarse. La ex alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y su ex marido, Juan Antonio Embarba, han llegado a la vez a los juzgados de La Almunia donde debían de responder sobre si defraudaron al Fisco o no. Sin embargo, Pinilla ha decidido acogerse a su derecho a no declarar.

Como acostumbra, ha salido feliz de su enésima comparecencia ante el juez que instruye la Operación Molinos. Esta vez debía aclarar quién es el propietario de los 378.000 euros que se encontraron en una caja de seguridad de un banco, pero ha preferido no hacerlo. Una decisión que responde, seguramente, al cambio de abogados, los terceros ya, Ricardo Fernández de Vera Rudi y Jaimen Ingram Hirsch, quienes a la salida han afirmado a los medios de comunicación presentes que “se entiende que ya ha dicho todo lo que tenía que decir”.

Concretamente, las sospechas de Hacienda giran en torno a que María Victoria Pinilla era la que usaba dicha caja para guardar el dinero negro. Y es que, aunque la titular era su hermana Lola, la Policía señala que de las 49 veces que se abrió la caja, en 45 la tarjeta utilizada para acceder fue la de la alcaldesa. Si bien cuando declaró Lola en sede policial manifestó que todo era de una herencia.

No obstante, el letrado gaditano Ingram no ha querido dar más detalles de cómo se desarrollará la estrategia, y ha aseverado que “habrá que ver en su momento las decisiones que se tomarán en el futuro”. A Pinilla, concretamente, se le imputan once delitos, entre ellos, cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y blanqueo de capitales.

Pinilla ha sido la última en acudir a los juzgados en una ronda de comparecencias de diez imputados de los 46 que conforman la mayor trama de corrupción urbanística investigada por la Policía Nacional en Aragón.

En esta tanda también estaba citado su ex marido, Juan Antonio Embarba, quien ha respondido al juez sobre “todo lo que se recogía en el informe de hacienda de 2005” y en el “informe del grupo de blanqueo”, ha señalado su abogada, Cristina Ruiz-Galbe.

De esta forma Embarba ha negado haber recibido del presidente de la empresa urbanística Aranade, Julián de Miguel, 360.000 euros en dinero negro. Algo que negó el jueves el propio de Miguel, cuyo abogado defensor, Enrique Trebolle, también se ha personado en las testificales.

La Operación Molinos se destapó el 18 de marzo de 2009 con la detención de la entonces alcaldesa y otras 17 personas, entre ellas su marido y dos de sus hijos, aunque el juez fue imputando a más personas.