Este jueves se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento de Huesca a pagar cuatro millones de euros para resarcir al propietario de una nave en un polígono industrial. Los grupos municipales han recibido con resignación esta sentencia, reconocen que habrá que buscar la fórmula menos traumática para pagar y lamentan su posible repercusión en futuras inversiones.
Desde el grupo socialista recuerdan que este es un caso que se remonta a 1980 y la primera sentencia en contra fue en tiempos del alcalde popular José Luis Rubió. Los socialistas esperan que el proceso de negociación con los propietarios y el juez permita afrontar el pago.
En el Partido Aragonés consideran que no vale la pena buscar culpables entre los alcaldes de diferente signo que presentaron los recursos en 1998 y 2003.
Por su parte, Chunta Aragonesista lamenta que la actitud especulativa de los propietarios haya acabado repercutiendo en las arcas municipales. Desde IU, las posturas son similares y lamentan la incidencia que tendrá en la inversión municipal.
La sentencia obliga a afrontar una indemnización que supone un 10% del actual presupuesto municipal.