El malestar es más que patente en Villanueva de Sigena. Los vecinos y la corporación municipal están indignados y rechazan por completo la sentencia que hizo pública este lunes el Tribunal Constitucional en la que dictó que el centenar de obras de arte procedentes del Monasterio de Villanueva de Sigena debe permanecer en Cataluña.

La mayoría de los vecinos han desayunado con esta noticia y el enfado ha sido la tónica general. "Estoy indignado, es muy triste que ocurra esto. Pero como los catalanes tienen más fuerza que Aragón... pues dominan todo", ha declarado un vecino.

Precisamente, los villanovanos han coincidido en denunciar el trato preferente que, han dicho, tienen los catalanes. "Es una vergüenza lo que han hecho y con esto se demuestra que la justicia no es igual para todos. Cataluña fue a Salamanca a buscar sus documentos y se los llevaron, no se quedaron ahí. Pero nosotros pedimos lo nuestro y no nos lo dan", ha lamentado otra vecina.

"Ahora no nos lo quieren devolver. Los catalanes hacen todo así y se lo van a quedar", ha valorado otro vecino que ha coincidido con otros al opinar que la batalla por estas piezas está ya perdida. "Si el Constitucional ha dicho esto ya, ¿a qué podemos esperar? No lo vamos a conseguir, es algo que está perdido. Se han mojado poco en decir que esto tiene que venir aquí. Como los catalanes fueron a Salamanca a buscar lo suyo, los demás tenemos que hacer lo mismo con lo nuestro", ha afirmado.

El enfado también ha llegado hasta el Ayuntamiento de Sigena. Su alcalde, Idelfonso Salillas, se ha mostrado disconforme con la sentencia y ha dicho estar "muy indignado" con el TC. Entre otros asuntos, ha criticado que la resolución haya llegado con trece años de retraso y ha mostrado su preocupación por que sea demasiado tarde. "Cuando quiere el Constitucional puede actuar con urgencia y este caso era el más antiguo del tribunal. Si Aragón quiere recuperar por otras vías este patrimonio a lo mejor se nos argumenta que ya han pasado muchos años y que no lo podemos recuperar", ha aseverado.

Salillas cree que se han perdido trece años "muy valiosos" y ha lamentado que no se haya actuado por otras vías más allá de la religiosa. A su juicio, si se hubiese optado por ambas "hubiéramos ganado muchos años".

Además, ha calificado de "vergüenza" que el TC se apoye en que Cataluña está preservando las obras para que el Gobierno de Aragón no pueda ejercer su derecho de retracto , "algo que no dice la Ley de Patrimonio".

Ha recordado que este patrimonio es el "más valioso" de todo el que se reclama a Cataluña y ha insistido en que la Generalitat "se aprovechó de una venta" que la hizo en "secreto" al "saber" que estaba comprando patrimonio nacional.

Salillas se reunirá la semana próxima con el Gobierno de Aragón para estudiar las posibles vías jurídicas con el objetivo de recuperar ese centenar de piezas que están en Cataluña.


RESPUESTA DEL GOBIERNO

Ya hay respuesta por parte del Gobierno de Aragón a la sentencia de ayer del Constitucional, que avala la venta, dice que se hizo dentro de la legalidad, de los bienes pertenecientes al Monasterio de Sigena. El Gobierno se reunirá el martes con el Obispado de Barbastro Monzón y los alcaldes afectados. Se trata de buscar otras vías que puedan hacer frente a esa sentencia y devolver las obras. Aragón lo que pedía era que se tuviera en cuenta que en la venta de 96 piezas de arte entre los años 83 y 92 no pudo realizar su derecho de tanteo.

Las 96 piezas se vendieron en tres operaciones a la Generalitat por las hermanas de la Orden de Malta, propietarias del convento, por un montante que apenas superó los cincuenta millones de pesetas. En ese momento Aragón no pudo ejercer su derecho de tanteo, y pedía ahora el retracto. El Constitucional en su sentencia indica que la venta fue legal, porque en el año 83 la Comunidad no tenía competencias. La resolución que ha tardado casi 14 años en llegar abre la polémica.

El abogado Jorge Español, que representa al propio Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, indica que hay otras vías a las que Aragón se puede aferrar para recuperar las piezas y las dará a conocer próximamente.

La historia de la Orden de Sigena viene marcada por las continúas complicaciones económicas, y por saqueos desde la desmortización de Mendizábal hasta la Guerra Civil. Entre las piezas que tiene Cataluña hay arcas funerarias, alhajas, o tallas de madera. En la venta no se incluyeron las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio, aunque se encuentran expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Allí también se encuentra el retablo que fue vendido en el año 1908.

MALESTAR POLÍTICO

Por su parte, las formaciones políticas de la Comunidad Autónoma han mostrado su rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional que afirma que los 96 bienes expoliados a Villanueva de Sigena en 1983 y 1992 deben quedarse en Cataluña. Acatan pero no comparten este dictamen, ya que además de criticar la tardanza, más de trece años, para dar luz al asunto, lo tildan, entre otros calificativos, de inconcebible, inoportuno, cobarde, discriminatorio, ofensivo, injusto y controvertido.

Así, todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han coincidido en defender el derecho de Aragón a reclamar la devolución de su patrimonio expoliado que se encuentre fuera de sus fronteras y que se recoge en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía. Un artículo que para la portavoz del grupo parlamentario de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, el Tribunal Constitucional "se ha pasado por el arco del triunfo". Este mismo punto ha ensalzado el portavoz del Partido Aragonés, Alfredo Boné, y el diputado del mismo partido Manuel Blasco, quienes han advertido de que pelearán "lo que haga falta" si se pretende poner en cuestión la más alta Norma aragonesa.

Además, uno tras otro han argumentado el derecho histórico de Aragón sobre su patrimonio y su legitimidad a reclamar la devolución tanto "legal como sentimental", ha dicho Boné, en espera de que llegue la legitimidad jurídica. De este modo, desde el Partido Aragonés y Chunta Aragonesista han anunciado la presentación de iniciativas y el estudio de medidas a poner en marcha para solucionar el conflicto con Cataluña sobre estos bienes. El primero lo hará con una iniciativa parlamentaria a la que quiere que se unan todos los grupos de manera unánime y que exprese lo que se piensa desde Aragón y se exija la defensa del patrimonio; además, la senadora del PAR María Jesús Burró ha manifestado su intención de plantear iniciativas en el Senado.

Tanto Boné como Ibeas han coincidido también en asegurar que hay un doble rasero para medir a las Comunidades Autónomas, mientras que el portavoz popular Antonio Torres ha destacado que el ponente de la sentencia sea catalán, "son muchas coincidencias", ha afirmado.

Otro de los puntos en los que han centrado sus acusaciones contra la sentencia todos los partidos es el de la diferencia de opiniones entre los magistrados, incluyendo la existencia de cuatro votos particulares, que para Torres suponen que "lo mismo podrían argumentar una sentencia totalmente diferente". Por ello, ha dicho el popular, hay que estudiar todas las vías y trabajar para "no dar un paso en falso".

Asimismo, los diputados han hablado de una sentencia "incongruente", ya que, como ha explicado Nieves Ibeas y la diputada de IU Patricia Luquin, no aclara el conflicto de competencias y pone en entredicho el derecho de retracto de Aragón, centrando el fallo en resolver que las órdenes del Gobierno de Aragón son inconstitucionales, "algo que no planteaba Cataluña en su recurso". Para Luquin, este fallo significa que se pone por encima del retracto recogido en el Estatuto, el criterio de territorialidad, lo que considera "peligroso" y que "enrevesa" el problema.

Finalmente, mientras el portavoz socialista Javier Sada se ha dedicado a defender la labor de los anteriores Gobiernos de Aragón para recuperar los bienes y las inversiones que se hicieron en el Museo que deberá albergarlos algún día -al igual que lo ha hecho el del PAR Alfredo Boné-, la portavoz de Chunta Aragonesista y la diputada de IU han criticado la "ineficacia" de los Gobiernos aragoneses para recuperar el patrimonio expoliado y su "cobardía, porque no han hecho nada en nombre del pueblo aragonés".

La petición unánime: que el Gobierno de Aragón agote todas las vías posibles, insistiendo en la vía política, para que el patrimonio aragonés vuelva a Aragón.