El Gobierno busca apoyos parlamentarios para refrendar la reforma laboral que este próximo miércoles se va a aprobar vía decreto en el Consejo de Ministros y que el día 22 estará en el Congreso. Va a ser una reforma “sustancial y equilibrada”, según el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero cuenta con el rechazo de los sindicatos que amenazan con la huelga general y con el de la CEOE, que advierte de que no es adecuada y no está a la altura de las necesidades. La reducción de las indemnizaciones por despido, la penalización de los contratos temporales, y la flexibilidad son sus tres pilares principales.

Entre los aspectos que avanzaba el viernes el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, destacan, por ejemplo, que los contratos por obra y servicio tengan un máximo de 2 años, ampliable a 3, y el aumento de 8 a 12 días de su indemnización por despido. También se va a generalizar el contrato de fomento del empleo, que contempla un despido de 33 días por año trabajado, en lugar de 45. Además, sería el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, el que abonaría 8 días del coste total de los despidos objetivos de todos estos contratos, con las aportaciones empresariales.

En el capítulo de flexibilidad laboral, precisamente, el documento del Gobierno adapta el llamado modelo alemán, para reducir la jornada laboral entre el 10% y el 70% en el caso de que la empresa pase por dificultades, de forma que se pueda ajustar por horas la producción, y evitar despidos.

Una reforma que pretende contribuir a cambiar el modelo productivo, pero que no va a servir, dicen los sindicatos, para hacer más competitivas a las empresas, como alega la patronal.

La otra parte implicada en el diálogo social, la patronal, coincide en que sólo con la reforma no va a crearse empleo. Pero sí insiste en que es necesario hacerlo, porque el mercado de trabajo actual es "obsoleto".

En relación con posibles cambios en la Negociación Colectiva, que fue otro de los escollos en la negociación de la reforma, fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado que el Decreto contemplará la creación de una Comisión de Arbitraje para resolver diferencias relacionadas con los salarios, los horarios o la organización de la empresa, en el caso de que dirección y trabajadores no lleguen a un acuerdo.

El documento del Gobierno también contempla la creación para 2012 de un Fondo de Capitalización del despido para los trabajadores, que podrían cobrar en caso de despido, o mantenerlo al cambiar de empresa, y que es una adaptación del llamado "modelo austriaco". En definitiva, muchos analistas coinciden en señalar que la reforma laboral es necesaria, pero que no es lo suficiente contundente en algunos puntos. Precisamente la Negociación Colectiva es uno de los aspectos más rígidos del mercado de trabajo que, en opinión de los analistas, perjudica especialmente a pequeñas y medianas empresas.

Zapatero cree que un amplio respaldo parlamentario podría suavizar la contestación social en la calle. No obstante, conseguir apoyos no parece tarea fácil. CiU plantea aplazar unos días la reforma porque el texto actual es 'un churro' que no satisface a nadie.

El Gobierno ya ha contestado a las pretensiones de CIU de alargar los plazos de la reforma. El ministro de Fomento, José Blanco, ha dicho que ni un día más, y que el 16 de junio se aprobará la texto con o sin acuerdo. Blanco ha criticado además al líder de CIU por hablar demasiado y a Mariano Rajoy por anteponer sus intereses personales a los de España.